Ciudad
Mesa por la Paz: Una apuesta ciudadana para la reconciliación en Ibagué
Entre 2009 y 2018 se desarrolló una importante acción cívica que puso a hablar de paz a la ciudadanía ibaguereña. Hoy queda el recuerdo de lo que fue una iniciativa que tuvo incidencia de alcance nacional en el proceso de paz firmado entre el gobierno Santos y la exguerrilla de las FARC en 2016.
Una apuesta civil para la paz
El 2009 será recordado como el año en el que se empezó a gestar una de las apuestas ciudadanas más ambiciosas para la construcción de paz en Colombia. Nacida en el marco de la Semana por la Paz en Ibagué, Tolima, actividad liderada por la iglesia católica y realizada año tras año en el mes de septiembre, la Mesa por la Paz se concibió como un organismo interinstitucional y voluntario que propuso la construcción colectiva de una cultura de convivencia de paz a través de la articulación de propósitos comunes orientados a la garantía de los derechos humanos.
Dentro del complejo contexto político del país a razón de los múltiples hechos de violencia derivados del conflicto armado interno en Colombia, esta iniciativa, tal como se lee en una de las actas de reunión convocadas, se convirtió en un clamor ciudadano para “posicionar un imaginario de convivencia y paz en los ciudadanos y ciudadanas de la región”.
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Un informe de la Universidad del Tolima evidencia la crisis de derechos humanos por cuenta de desplazamientos forzados que se ha vivido desde hace muchos años en el sur del Tolima, zona en la que se conformaron los grupos de guerrillas FARC en el siglo XX.
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De acuerdo con una investigación de la Universidad de Ibagué sobre el conflicto armado en la zona céntrica del departamento del Tolima, la ciudad de Ibagué es la provincia con la mayor densidad urbana de la región por lo que actores armados han adelantado acciones legales e ilegales tanto en la zona rural como en la zona urbana. Además, la capital musical de Colombia goza de una ubicación estratégica y que la convierte en corredor que conecta a varias regiones del país.
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De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa en el periodo de 2003 a 2007, en la ciudad se presentaron la mayor cantidad de acciones violentas por parte de grupos subversivos: Retenes armados ilegales, contacto armado con grupos opositores, ataques armados a instalaciones de la policía nacional, emboscadas con ataques armados a miembros de grupos opositores, hostigamientos a miembros de la fuerza pública del estado colombiano y ataques a aeronaves.
Tan solo en 2003 se presentaron 18 de estos ataques, 7 en 2004, 3 en 2005 y nuevamente 3 en 2007. Este contexto obligó a la ciudadanía a promover el diálogo para la reconciliación nacional desde la capital musical del país.
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En 2004 el Parlamento Andino, órgano supranacional integrado por Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia declaró a Ibagué como la ‘Capital andina de los derechos humanos y la paz’. Sin embargo, no fue sino hasta 2019 que el Concejo de Ibagué adoptó una política pública con el objeto de ‘establecer los lineamientos para la incorporación y apropiación del enfoque de derechos en las estrategias, planes, programas y proyectos que permitan de la garantía de los derechos humanos en el municipio de Ibagué’.
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Esto refleja las pocas acciones gubernamentales que en más de 10 años se lograron realizar por la defensa de los derechos humanos en la ciudad.
Los protagonistas
La Semana por la Paz, evento desde el cual se gestó la iniciativa de la Mesa por la Paz, se creó en conmemoración del misionero jesuita San Pedro Claver, recordado por sus acciones para erradicar el sufrimiento de los esclavizados africanos llevados a Cartagena en el siglo XVII. La iglesia católica quiso entonces reconocer las acciones ciudadanas de hombres, mujeres, niños, jóvenes y organizaciones que con mucho esfuerzo dignificaran la vida en todo el territorio nacional.
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La idea de conformar una Mesa fue gestada por dos años desde 2009 por un grupo de personas preocupadas, precisamente por la situación humanitaria del departamento. No fue hasta el 6 de abril de 2011 que se convocó a la primera reunión. En aquel momento cada miembro, conscientes de su compromiso por la paz, propusieron crear espacios necesarios que garantizaran el goce efectivo de los derechos humanos en los ámbitos local y regional por medio de la vinculación de organismos de la sociedad civil, que trabajaran mancomunadamente en pro de la convivencia, la reconciliación, la incidencia en políticas públicas y la paz en Ibagué y en el Tolima.
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En ese momento todas las personas volcadas hacia el trabajo altruista por la paz reflexionaron, como quien asiste a un retiro espiritual en un entorno natural lejos del ruido de la rutina de la ciudad, y se dieron cuenta de la necesidad de contar con un espacio propio que fuera más allá de la celebración de la Semana por la Paz. Para esa época y con la voluntad genuina para llevar a cabo todo ello, las instituciones participantes que se vincularon al proceso fueron:
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Pastoral Social
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Fundación Concern Universal
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Fundación Social
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Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo (MENCOLDES)
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Corporación Desarrollo y Paz del Tolima (TOLIPAZ)
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Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar
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Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)
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Asamblea Departamental del Tolima
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Personería Municipal
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Comité Ambiental en Defensa en Defensa de la Vida
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La administración de la Alcaldía de Ibagué para aquella época
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Universidad Cooperativa de Colombia
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Universidad San Buenaventura
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Institución Educativa Técnica Ciudad Luz
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Institución Educativa Liceo Nacional
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
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Centro de Formación para la Paz
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Agencia colombiana para la Reintegración ACR
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Cable Visión
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Corporación Germinemos
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ICBF
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Aldeas Infantiles SOS
Participante de la Semana por la Paz en 2016. Autor: Jaime Bernal
Cada una de estas organizaciones públicas y privadas se caracterizaron porque sus objetivos coincidían en el cumplimiento de una misión social en los ámbitos educativo, social, caritativo y/o religioso. 'Lo logramos' pensarían algunos, pero era apenas el inicio de un proceso que dejaría muchos aprendizajes en cada uno de ellos.
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Para ese entonces cada institución tenía un delegado ante la Mesa —siempre de manera voluntaria— lo que dejaba a disposición de cada participante la búsqueda de paz en la región. Desde un inicio, el proceso fue fluyendo hasta el punto de institucionalizar algunas fechas especiales relacionados con la defensa de los derechos humanos para las cuales se aunarían luego esfuerzos colectivos para adelantar actividades en conmemoración de cada una de ellas: 9 de abril, Día de las Víctimas; 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente: del 4 al 11 de septiembre, la Semana por la Paz; 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos y 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
En 2009, Jaime Daniel Bernal, Coordinador de Proyectos de la Fundación Concern Universal, un organismo que vela por los derechos de niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables en muchos de los municipios del Tolima por medio de proyectos de intervención de corte social, vio la necesidad de vincular de manera formal a la fundación con la iglesia católica a través de un convenio.
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Jaime no buscaba protagonismo. Quienes lo conocen veían en él un genuino sentimiento altruista para con la sociedad. En su tiempo libre debatía sobre los problemas de fondo del Tolima, estaba cada actividad en favor de los más vulnerables asistía a cada reunión en la que se discuten estos asuntos. Se diría que este hombre le dedicaba cada segundo de su vida a la construcción de paz.
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En el marco de este acuerdo desde Concern Universal se ayudó a estructurar ese espacio, tanto en sus objetivos como en sus funciones para que fuera una plataforma que sirviera para sumar y articular acciones de paz que estuviesen dispersas y trabajaran de manera individual en la ciudad.
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Este trabajo colectivo inicial logró concretarse en la creación de conversatorios con maestros y jóvenes para dialogar sobre pedagogías para la paz, buscar rutas de protección para los profesores que estuviesen en una situación de riesgo en la zona rural de Ibagué, compartir experiencias de paz de las escuelas rurales, realizar un acompañamiento a esos procesos, identificar métodos para la resolución de conflictos y crear comités de paz de derechos humanos en cada colegio.
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De esta manera la articulación interinstitucional empezó con el pie derecho en Ibagué.
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Vocación para la paz
Antonio María Cifuentes fue la cabeza líder desde el inicio y a lo largo de todo el proceso de la Mesa por la Paz.
Fue director de la Pastoral Social de Ibagué por más de 30 años hasta su retiro autoimpuesto en julio de 2018. Llegó a la capital tolimense en 1985 luego de que el antiguo director, a raíz de problemas de salud, no lograra cumplir su intención de atender a algunos de los miles de heridos que dejó la explosión volcánica en el municipio de Armero, Tolima en noviembre de ese año.
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El padre aceptó el gran desafío como si se tratara de cualquier actividad clerical. Algo vieron en un joven Antonio para designarle semejante labor y algo vería este hombre también para tomar semejante riesgo en Ibagué.
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Años después, en 1991, María Cifuentes ayudó a gestionar un proyecto de vivienda para algunas de las familias damnificadas por los estragos del Volcán Nevado del Ruiz.
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Su relación con los afectados había ido más allá de la mera asistencia humanitaria y espiritual.
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Hoy, 30 años después, ese proyecto de unas 20 casas se llama urbanización Antonio María en homenaje a las acciones del sacerdote que hizo lo que estuvo a su alcance para llevar un poco de paz a estas almas adoloridas.
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Antes de ello, Cifuentes trabajaba como sacerdote en el municipio de Villahermosa, Tolima. Un pequeño pueblo ubicado en la zona noroccidental del departamento, a cuatro horas en carro desde Ibagué.
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La iglesia católica se ha caracterizado por ser un ente que asume una posición neutral en situaciones de disputas políticas. Una entidad mediadora y volcada a suplir necesidades básicas de la población más vulnerable.
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Por ello, el exdirector Antonio Cifuentes fue un actor crucial quien coordinaba los procesos desde la Mesa por la Paz. Varios de sus allegados entre familiares y amigos, hoy estiman y enaltecen la labor de este servidor espiritual.
Acuerdos mínimos
Víctor Manuel Gómez es abogado, licenciado en ciencias sociales y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué y de la Institución Educativa Liceo Nacional.
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Para la fecha de creación de la Mesa, Gómez orientaba procesos de formación en competencias ciudadanas y derechos humanos en las estudiantes del Liceo. Como si se le rindiera tributo a la filosofía del reconocido pedagogo popular Mario Kaplun, el profesor Víctor se había trazado como meta profesional y personal sembrar una semilla de pensamiento crítico en las mentes de los jóvenes.
Su trabajo era tan destacado que a oídos del monseñor de la época Flavio Calle Zapata llegaron los rumores del valioso proceso educativo que se adelantaba casi que a puerta cerrada en un colegio de Ibagué. Ya estaba fichado.
Prontamente, el líder católico lo contactó para que se vinculara a las filas de la paz junto con sus estudiantes en el proceso de la Mesa e impartiera talleres precisamente sobre derechos humanos a los integrantes del organismo interinstitucional, liderado por Antonio Cifuentes.
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Para el profesor Víctor el hacer hincapié en la importancia de la formación en estos temas era primordial para que todos los integrantes de la Mesa ‘hablaran el mismo idioma’. La educación fue transversal a todos los procesos que se desarrollaron allí.
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Así, con la adición del profesor a la ecuación de la paz, la fórmula quedó completa.
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Para el primer año se trabajó un proceso de fortalecimiento en cuanto al componente humano de cada institución vinculada, previo al trabajo de incidencia en comunidades, que era lo que se buscaba finalmente. Desde allí se establecían actividades anuales. En las reuniones se hacía una lluvia de ideas y luego cada institución decidía como aportar conforme a sus funciones y objetivos organizacionales en aras lograr consensos frente a la paz y observar las dinámicas del territorio derivadas del conflicto armado.
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Fruto de ello, posteriormente en 2016 se establecieron los ‘ocho mínimos’, un listado de acuerdos básicos que a criterio de los organismos de la Mesa eran indispensables para una sana convivencia:
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Política de reconciliación y paz: fundamentos para acompañar el logro de acuerdos y el proceso de posacuerdos y fin del conflicto
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Estado social de derecho: democracia real y transparencia en el uso de recursos públicos
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Equidad en el acceso a los derechos para garantizar una vida digna
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Construcción de país desde la diversidad regional
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Alternativas productivas sostenibles
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Educación con calidad y cobertura para todos
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Participación ciudadana en la construcción de los desafíos colectivos
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Construcción de paz desde la diversidad regional
Cada uno de estos acuerdos versaban sobre la construcción de una meta común para Ibagué y la formación para el control social contra la corrupción y mecanismos de control. Esto era una muestra de la manera en la que la sociedad civil venía haciendo un llamado para poner fin a la prolongación en el tiempo del conflicto armado del país.
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Era tal la calidad de este trabajo que tuvo una incidencia directa en el proceso de paz entre el Estado y la exguerrilla de las FARC. Dichos acuerdos mínimos lograron ser socializados y vinculados en las discusiones de la Mesa de Conciliación Nacional, un órgano creado en el marco de los acuerdos y que buscaba identificar soluciones pacíficas al conflicto armado colombiano.
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Esta trayectoria evidencia la forma en la que el trabajo colectivo alcanza metas que de otra manera serían muy difíciles de alcanzar. La acción grupal para establecer objetivos comunes para la paz resultaba ser la clave en un país en el que la violencia ha impedido su desarrollo social.
Las distancias de los últimos años
Aunque la Mesa promulgaba su mensaje inspirador de apelar al diálogo como forma de resolución de los conflictos y de las violencias y a hacer un llamado a entenderse desde la diferencia, paradójicamente fue esto lo que no se logró concretarse y que finalmente llevó a la disolución de la Mesa tiempo después.
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Para sorpresa, el declive inició con el proceso de paz y el plebiscito de 2016 que dinamizaron las posiciones políticas en favor y en contra de la terminación del conflicto de cada uno de los participantes de la iniciativa.
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Eran tiempos difíciles para el clima político del país. 'Discutir' fue el verbo más aplicado en aquel momento.
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En palabras de Jaime Bernal, “la diversidad ideológica ocasionó rupturas que conllevaron a la desintegración de la Mesa”.
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Aunque en un principio hubo consenso sobre la necesidad de construcción de paz, no se lograron tramitar los desacuerdos entre las posiciones políticas, teológicas e incluso de género de quienes hacían parte de la Mesa sobre la paz y sobre la negociación con los grupos guerrilleros.
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Todo se redujo a ¿quiere paz o quiere guerra?
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Para Víctor Gómez esta situación desencadenó algunos desencuentros entre los participantes. Nunca hubo palabras fuertes pero sí posiciones tan duras e inamovibles como el cemento.
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Los cuestionamientos se dieron frente a la intención de voto de cada integrante de cara al plebiscito. Algunos tenían claro que al hacer parte de un organismo que buscaba la reconciliación social se esperaba que se estuviera de acuerdo con votar por el ‘Sí’ en los comicios para refrendar el acuerdo de paz. Pero para su sorpresa, no todos estaban alineados con esa idea.
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Adicionalmente, para Bernal en la Mesa se cayó en una rutina al hablar de los mismos temas.
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¿Quedaría en vilo la paz?
Dos esfuerzos al tiempo:
¿Cuál visión prevaleció?
Otro antagonista, incluso había hecho su aparición tiempo atrás, tuvo que ver con la creación en 2009 de una Mesa por la Paz institucional desde la Alcaldía de Ibagué.
Este personaje entró en escena con bastante fuerza al contar con el músculo burocrático de la administración municipal, lo que hizo que algunos de los integrantes iniciales de la Mesa por la Paz civil se integraran también allá, generando tensiones internas de este lado.
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Al principio se trató de una participación de algunas organizaciones, luego pasaron a ser de dedicación exclusiva a la Mesa de Alcaldía.
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Así aparecía la distancia que, junto con el recelo y la desconfianza, eran elementos innatos de la fórmula para la desarticulación colectiva.
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De este modo, el Estado al no planificar adecuadamente su incidencia en la ciudadanía y contemplar las consecuencias de ello, terminó por convertirse en el enemigo divisor, causando rupturas que profundizaron la crisis de desarrollo social en la ciudad.
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Para Jaime Bernal, varias de estas organizaciones pensaban que al hacer parte de aquella mesa municipal recibirían de forma automática recursos para sus proyectos, financiamiento con el que la Mesa dirigida por la Pastoral Social no contaba.
Falta de quórum para la paz
Maryory Saavedra, Coordinadora Psicosocial de la Pastoral Social de Ibagué, se vinculó en el año 2018 a esta institución, el último periodo en el que funcionaría la Mesa por la Paz. En ese tiempo, ella vio cómo cada vez se programaban menos encuentros y a su vez menos delegados asistían. “Las reuniones eran semanales, luego quincenales, luego una vez al mes”, recuerda.
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Si bien se lee dentro de las directrices del funcionamiento de la Mesa plasmada en una de sus actas de reunión: “Tendrá una duración indefinida de acuerdo con la participación y el compromiso de las instituciones que la integran", con esta frase quedaría por establecido y con suficiente antelación el por qué esta propuesta ciudadana llegaría a su fin en los años posteriores.
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Para Maryory hacer pedagogía para sensibilizar del porqué hacer paz, de apostarle a la justicia, a la equidad, no tanto con tintes políticos sino desde la sensibilidad frente a los derechos y deberes, requiere de un nivel enorme de compromiso y de conciencia por esta labor. Hoy tal vez recuerdan esos días con nostalgia.
En Colombia, a nivel institucional pareciera que el trabajo en pro de las causas sociales depende muchas veces de un contrato con el que se le pague a alguien para que incida en esos procesos. “Pero si ya esa persona no tenía vínculo con esa entidad, era muy difícil darle continuidad al proceso, a pesar de que se les dio una estructura, unos estatutos, una misión”, agrega Maryory.
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Con todo esto, por el camino muchas organizaciones fueron progresivamente desvinculándose de la Mesa. Cambios organizacionales, remoción de personal y la carga laboral fueron también motivos que obstaculizaron el proceso.
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Una de las últimas reuniones de la Mesa se hizo en enero de 2017 a cuyo encuentro asistieron únicamente dos personas. Entre un representante de la Fundación Concern Universal y la coordinadora psicosocial de ese momento de la Pastoral Social de Ibagué, dibujaron una hoja de ruta sobre las actividades a realizar en el transcurso de ese año, además de dialogar sobre las oportunidades de articularse con otras entidades y organizaciones de la ciudad, interesadas en hacer parte del proceso.
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Aquel día se hizo la oración inaugural de la sesión, luego la lectura del acta de la reunión anterior y se procedió a planear las actividades para ese año, todo esto, como se dijo, entre dos personas.
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Ya en 2018 se intentó sin mucho éxito realizar un diagnóstico sobre las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas del proceso de la Mesa, de nuevo, entre tres personas, un representante del sector educativo, de la Fundación Concern Universal y la Pastoral Social.
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Las últimas reuniones se realizaron en 2018, una en enero otra el 6 de abril y la última el 10 de octubre de ese año. Aquella reunión derivó en el acta número 94. Casi cien encuentros, muchas horas de dedicación, caminos recorridos, eventos realizados y una paz inconclusa.
¿Qué queda por aprender?
Para varios de los integrantes las reflexiones que dejó el proceso son claras pero decirlo les genera un sabor agrio en la boca. Lo logrado y lo no logrado crea en ellos preguntas profundas en su interior. Hoy muchos trabajan por cuenta propia como al inicio, intentando que la luz de la paz no baje su intensidad.
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En Colombia aun se debe trabajar en la forma en la que tramitamos la divergencia de los puntos de vista sobre las problemáticas de país. Hay que aprender a llegar a acuerdos sobre temas fundamentales y constantemente volver a ellos en el proceso de búsqueda de esos objetivos.
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Las instituciones deben articularse para que las acciones que propenden por la reducción de los efectos de cualquier tipo de violencia tengan impactos de largo alcance.
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A pesar del declive de la Mesa, la intención de trabajar por la paz sigue intacta en todas las personas que hicieron parte. Por eso se requiere eso que aún las une y las unió durante 8 años.
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¿Lograremos aprender de la experiencia y avanzar hacia nuevos retos?
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Porque para la paz, todos; para la guerra, ni uno solo.
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